1. Desde 1978 se reconoce la consulta como vía idónea para reformar la constitución, en 1998 se amplían las condiciones de participación a la revocatoria del mandato y a la consulta popular por iniciativa ciudadana, y desde 2008 a todos estos mecanismos se suma la iniciativa legislativa. Sin embargo, salvo las experiencias locales recientes de revocación y de consulta popular no vinculante, nunca se ha empleado ninguno de los mecanismos de democracia directa convocados por iniciativa de la ciudadanía. Por el contrario toda experiencia ha sido iniciada a instancias del poder institucional. La realidad demuestra que en Ecuador somos campeones para legislar sobre instituciones que no utilizamos.
2. La Constitución de 2008 es la cúspide del discurso participativo. Para arranchar de las manos de los partidos políticos la atribución de dominación de las autoridades de control se introdujo en el constitucionalismo ecuatoriano una institucionalidad propia de procesos de reforma política de Venezuela y Ecuador. Se reinventó el sistema de equilibrio clásico de tres poderes y se adicionó un órgano ciudadano y participativo de control social con rango de poder estatal. Esta institución –que no es ni ciudadana, ni participativa– posibilita el nombramiento de las más altas autoridades del estado a través de unas instancias denominadas como comisiones ciudadanas de selección.
3. Comparativamente entre el sistema anterior de selección y el actual aun no se sabe cuál es el mejor. Digo esto porque la selección era política y no técnica; no se elegía a las autoridades en función de sus méritos sino por sus vínculos con los partidos políticos. Hoy es casi lo mismo. Aquí no se puede citar uno por uno, pero el balance demuestra que 5 de los 7 consejeros del poder de participación transitorio estaban vinculados directamente con el gobierno actual, y 6 de 7 en el definitivo. Estos se encargan de escoger los integrantes de las comisiones ciudadanas selectoras de autoridades y la sorpresa es que los aspirantes mejor puntuados para ocupar el cargo de Fiscal de la Nación estuvieron directamente relacionados con el gobierno y lo mismo sucede con el actual concurso de selección de vocales al Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto demuestra que muy poco ha cambiado en términos de transparencia en la selección de delegados –entre comillas– ciudadanos a las instancias más altas del poder estatal.
4. E inclusive los dos consejeros que denuncian las inconsistencias del concurso de vocales para el CNE (David Rosero y Andrea Rivera) fueron elegidos de las filas del MPD, partido político cuyos asambleístas y cercanos en ese momento votaban con el partido de gobierno. Algo aquí no coincide. Las lógicas corporativas se mantienen intactas porque los partidos políticos siguen dominando la escena de la selección, los concursos todavía responden a sectores de interés no ciudadanos, el poder institucional todavía busca absorber estos espacios de participación ciudadana, a costa de privilegiar a los aspirantes por sus vínculos políticos en lugar de sus méritos. Entonces se inventan concursos para maquillar de ciudadano y participativo lo que no lo es. La partidocracia sigue con vida. La novedosa fórmula de la participación ha cambiado todo para seguir igual.
gahidalgo@flacso.org.ec
Twitter: @ghidalgoandrade
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