Gadafi y Latinoamérica

Fuente: Hidalgo Andrade, Gabriel. "Gadafi y Latinoamérica", en: Diario La Hora, Ecuador, 2011-X-23

La muerte de Gadafi no representa un suceso aislado. Es el tercer gobierno en el mundo árabe que desaparece después de violentas protestas ciudadanas en el norte de África. Después del derrocamiento de los gobierno de Túnez y Egipto con un saldo de miles de muertes de manifestantes, se suman ya 20 países alrededor del mediterráneo que han experimentado en exactamente un año –de octubre de 2010 a octubre de 2011– cambios violentos y leves de sus formas de gobierno.

Muchos han dicho que se trata de un golpe del imperialismo y del capitalismo mundial, pero lo que más produce suspicacias es que estas acciones de rechazo a los gobiernos africanos coincide con las reacciones en contra de los gobiernos europeos del Movimiento madrileño ¡Democracia Ya!, que junto con el movimiento occupy wall street de Nueva York han tenido resonancia en 82 países del mundo.

¿Cuál es la relación entre Libia, las revoluciones del mundo árabe y Latinoamérica? Estos primeros sucesos demuestran que hasta los regímenes más populares están expuestos a desestabilizarse y desaparecer. Esto se debe a que el sistema representativo liberal no termina de asentarse o porque no ha tenido la resonancia suficiente en los estados gobernados por ex militares revolucionarios cuyas estructuras de gobierno son muy milicianas y poco ciudadanas.

En ausencia de elecciones competitivas, partidos políticos populares estables, decolonización de los espacios de poder, una sociedad civil republicana, medios de comunicación independientes, y un sistema de judicial que garantice los derechos civiles y sociales es imposible evitar el levantamiento violento de sectores de oposición.

Sin embargo, hay muchas más coincidencias entre Gadafi y los líderes locales de lo que se cree. Gadafi llegó al poder al sustituir al gobierno monárquico del Rey Idris (1969) por la vía del golpe de Estado. Con su liderazgo emergió un sistema de reformas institucionales muy parecidas a las actualmente vigentes en los países del ALBA. Inmediatamente después del golpe declaró su intención de convocar a elecciones para constituir un estado republicado.

Igual que Castro en Cuba no solamente que se quedó con el poder, sino que lo hizo por décadas. Lo propio Chávez quien está por cumplir 13 años consecutivos en el poder. Antes del golpe a la Libia monárquica marcó distancias con el socialismo, igual que los mandatarios cubano y venezolano. Pero menos de una década después proclamo la vigencia de un estado socialista en Libia que recientemente se disolvió (1977-2011).

Centralizó la economía del país africano a tal extremo que colonizó todos los espacios de procesamiento político intentando sustituir el sistema de partidos políticos por un sistema de asambleas populares o "jamahiriya" cuya interpretación literal es el "estado de las masas". Algo muy parecido sucede en Ecuador o en Bolivia y Venezuela con nuestros consejos ciudadanos y otras cosas de denominación parecida en donde desaparecen los grupos organizados y predomina la voluntad del presidente.

Estas coincidencias, sumadas a la permanente necesidad de perennizarse en el poder, de desistitucionalizar el sistema político y de garantías judiciales, de radicalizar la verborrea antiimperialista, y la confrontación permanente con diferentes frentes de oposición acusados de traición, generan las excusas apropiadas para la violencia (fascistoide, por supuesto) como la del 30-S. ¿Es ésta la victoria de Occidente o la victoria del pueblo libio por la libertad? Parece que ambas cosas o quizá, ninguna. El tiempo dirá si es conveniente mirarnos en ese espejo.

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Revocatorias desde el poder

En su sabatina, el presidente ecuatoriano Rafael Correa planteó a la sociedad del cantón Portoviejo (Manabí) la revocatoria del mandato de su alcalde. ¿Es eso posible? Veamos:

1. La revocatoria del mandato es un mecanismo de ejercicio de la democracia directa que se suma al referendo y a la consulta popular. Estas tres posibilidades son las únicas en términos de ejercicio directo del poder. Por su ilegitimidad se descartan las formas violentas de presión al poder político y/o de sustitución de sus detentadores democráticamente electos.

2. La revocatoria, el referendo y la consulta popular han sido consideradas como herramientas exclusivas para el uso de los ciudadanos. Eso es necesario porque los detentadores del poder ya gozan de atribuciones que les son propias para el ejercicio de sus cargos. Para compensar la diferencia entre estos y los ciudadanos éstos últimos disponen de una facultad especial de iniciar procesos que les permitan penetrar en los espacios de este mismo poder para reformular sus decisiones.

3. Sin embargo en Ecuador jamás la ciudadanía ha convocado a un referendo o una consulta popular. Curiosamente desde 2008 las revocatorias son la moda, mientras que desde 1998 no hubo experiencias –ni fallidas ni exitosas– de convocatoria. Casi en todos los periodos presidenciales desde el retorno a la democracia se convocó por lo menos a una consulta popular, a excepción del periodo de Rodrigo Borja (1988-1992). Solamente en el actual gobierno (2006) se ha convocado en tres ocasiones a consultas en menos de cinco años (2007, 2008, 2011) lo que demuestra que en este país la democracia directa no es directa ni es ciudadana.

4. Lo mismo sucede con la revocatoria del mandato. Este es un mecanismo para terminar anticipadamente con el encargo político atribuido a una persona para el ejercicio del poder. Entonces se trata de una herramienta de ejercicio inverso en donde las personas que dieron un mandato representativo tienen la misma capacidad de quitarlo. Esto no funciona para la revocación de autoridades representativas a sí mismas. Un presidente no puede impulsar un proceso de revocatoria de otra autoridad representativa porque ambas están en el mismo rango de legitimidad electoral. No importa si hablamos de un representante local frente a uno nacional porque la representación no se cuenta en votos. Los representantes no pueden estimular procesos de revocatoria de otras autoridades porque el encargo de ejercer el poder no llega a estos márgenes.

El presidente Correa amenaza a todo el mundo. Es parte de su estilo de gobierno. Se siente el único legitimado por el voto popular. Los asambleístas, en un proceso de “muerte cruzada”, los alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, presidentes de juntas parroquiales y sus delegados no pueden ser revocados sino sólo por sus propios votantes. Por nadie más. El presidente Correa puede revocar el encargo de sus ministros y de sus subalternos porque fueron escogidos por él mismo, pero no puede deshacer en democracia lo que fue hecho bajo la fórmula de la legitimación electoral. Tampoco puede decir que no dará dinero a ciertos municipios como el portovejense (no dará 20 ctvs. ha dicho) porque los fondos públicos no son su dinero y porque es una responsabilidad no discrecional darlo. Al contrario, emplear fondos públicos con criterios particulares se llama peculado. Él puede ser muy popular pero eso no le atribuye para hacer lo que no le está autorizado.

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La amnistía en el discurso correista

Otra vez el presidente Correa confunde términos sensibles sin corregirse. Dijo que ofrecería una amnistía a los delincuentes perseguidos por delitos comunes siempre que ellos se entreguen voluntariamente. En esta opinión colocaré en el debate las consecuencias de estas afirmaciones:

1. Todo este desorden terminológico nace de los resultados del plan de pagar recompensas por los delincuentes más buscados. Estos van apareciendo uno por uno seguramente delatados por sus colegas. Una de las bandas con especial interés para el gobierno es la denominada como “los choneros” de Manabí. Para lograr la captura de todos los integrantes de la banda el presidente Correa ha manifestado en varias ocasiones que se puede lograr la amnistía de los que se entreguen voluntariamente.

2. Con culpa o sin ella, el presidente Correa estaba mintiendo. Es imposible que se pueda ofrecer la amnistía para estos casos. Tal vez se refería al indulto, pero ni este es posible ofrecer. La diferencia entre amnistía e indulto consiste en que la primera se concede a individuos perseguidos por delitos políticos y bajo un procedimiento no judicial. Generalmente en estos casos la determinación de responsabilidades esta atribuida por la vía política, es decir por el órgano de procesamiento político de los Estados que son los Parlamentos. El indulto, por el contrario, se concede solamente por razones humanitarias a quienes estén padeciendo –por ejemplo– una enfermedad terminal y mientras se encuentran pagando una condena judicialmente declarada, lo que significa que debieron ser acusados, procesados y sentenciados por la vía de un juicio público con capacidad de imputación delictual y descargo de pruebas a favor del acusado.

3. Estas desafortunadas declaraciones generan un estado grave de confusión. En lugar de corregirse el presidente Correa se justifica como mal académico. Creo que debería decir: “me equivoqué, yo quise decir otra cosa”. Pero no lo hizo. Lo cierto es que él, por sí solo, no puede ofrecer una amnistía a nadie. Lo puede hacer solamente la Asamblea, después de un debate acusatorio y de otro absolutorio al interior del pleno legislativo y en diferentes momentos. Tampoco puede indultar a nadie. Para poder hacerlo tiene que ser juez y parte. Sin embargo, siendo honestos eso es enteramente posible después de absorber las Cortes de justicia. Aun así, en principio, tiene que gozar de la capacidad de acusar, de dictar sentencia y de hacer que la sentencia se practique; y él no tiene esas atribuciones por popular o querido que sea.

Esta anarquía terminológica produce graves fallos a la democracia. Sí, la confusión atenta al derecho humano de la seguridad jurídica. El presidente de una República no es cualquier persona, y no puede andar ofreciendo lo que se antoja. Bajo un esquema como éste la sociedad no sabe a qué someterse ni qué debe o puede cumplir: si lo que dice el presidente, si lo que dicen los jueces, si lo que dicen las leyes. Este grave error también produce una fuerte incoherencia discursiva. Para evitarlo el presidente Correa debió aceptar su error. Pero no, después se corrigió diciendo que se va a perdonar a los delincuentes en función de la gravedad de sus delitos. Repito: el presidente no tiene capacidad de perdonar delitos a nadie por sus acciones, ni leves ni graves. Esta flacidez argumental debilita también otras posiciones en materia política y jurídica, como por ejemplo su particular interpretación de los derechos humanos, pero ese es tema de otra opinión.

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El engaño de la consulta previa

Fuente: Hidalgo Andrade, Gabriel. "El engaño de la consulta previa", en: Diario La Hora, Ecuador, 2011-X-09

La consulta previa es el mecanismo de sondeo popular que se anticipa a una exploración y explotación mineral. Se utiliza para preguntar a los habitantes de la zona de concesión su opinión sobre la potencial extracción cerca de sus propiedades y sobre el uso los recursos ambientales de estas. En esta opinión colocaré en el debate la errada práctica de la consulta en el sector de Quimsacocha y los métodos que dificultan la defensa de la naturaleza:

1. En las parroquias rurales de Victoria del Portete y Tarqui de la provincia de Azuay se celebró una imitación de consulta popular. Sí, el Sistema Comunitario de Agua Potable se arrogó las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), empadronó a los habitantes del sector y convocó a una consulta sin observar ninguna de las formalidades previstas en el derecho para este ejercicio.

2. El único poder del estado con capacidad de convocar una consulta en materia mineral es la Asamblea Nacional. Esto convierte a esta acción en un ejercicio engañoso porque además de que no se trata de un mecanismo de iniciativa ciudadana o comunitaria le atribuye efectos jurídicos que no son obligatorios para el estado. Hilando más fino, si los comuneros del sector hubieran recolectado las firmas y las hubieran presentado ante el CNE aun ahí éste hubiera negado la iniciativa por improcedente y por ilegitimidad de la acción. Esto significa que, para el derecho de participación, una comunidad no es un actor idóneo para representarse en una consulta sobre temas ambientales. Absurdo.

3. La consulta celebrada en las parroquias azuayas en donde se ubica la zona de Quimsacocha no solamente que es ineficaz por la omisión de solemnidades fundamentales para su ejercicio sino que además adolece del vicio de la parcialización porque solamente se la aplicó a los beneficiarios del suministro de agua que es ofrecido por el Sistema Comunitario, y no a todos los habitantes de ambas parroquias que superan las quince mil personas. A este ejercicio de consulta popular comunitaria asistieron solamente 1.037 votantes, de los 1.500 registrados.

4. Los comuneros defienden su proceso arguyendo la presencia de veedores internacionales y el derecho de tradición indígena. Sin embargo ninguna de ambas referencias es garantía de idoneidad de la consulta. Los veedores no fueron invitados por el estado sino por una comunidad sin la competencia para celebrar un acto electoral. Además el derecho indígena se agota en esta materia frente al derecho de tradición occidental porque sus procedimientos obedecen a la lógica asamblearia y no a la mecánica de elecciones. La comunidad prefirió la fórmula eleccionaria sin seguir los procedimientos lo que termina por anular la iniciativa.

Ningún mecanismo de democracia directa tiene efectos vinculantes en Ecuador, salvo la revocatoria, y el referendo de reforma legal y constitucional. Todos los demás tienen efectos morales e informativos y su aplicación es discrecional para el poder público. Con esto me da la sensación de que los ambientalistas y pachamamistas de la constituyente obviaron a propósito este candado que favorece la extracción mineral a gran escala. Tampoco me extrañaría si se tratara de un texto introducido puertas afuera.

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La trampa de las comisiones ciudadanas

Ecuador nunca vivió un modelo de democracia directa. Tampoco los ejercicios participativos formaron parte de las prácticas ciudadanas. En esta opinión colocaré en el debate las ideas de la siempre problemática práctica participativa que aparece altisonante en los discursos políticos pero que resulta tan difícil de posibilitar:

1. Desde 1978 se reconoce la consulta como vía idónea para reformar la constitución, en 1998 se amplían las condiciones de participación a la revocatoria del mandato y a la consulta popular por iniciativa ciudadana, y desde 2008 a todos estos mecanismos se suma la iniciativa legislativa. Sin embargo, salvo las experiencias locales recientes de revocación y de consulta popular no vinculante, nunca se ha empleado ninguno de los mecanismos de democracia directa convocados por iniciativa de la ciudadanía. Por el contrario toda experiencia ha sido iniciada a instancias del poder institucional. La realidad demuestra que en Ecuador somos campeones para legislar sobre instituciones que no utilizamos.

2. La Constitución de 2008 es la cúspide del discurso participativo. Para arranchar de las manos de los partidos políticos la atribución de dominación de las autoridades de control se introdujo en el constitucionalismo ecuatoriano una institucionalidad propia de procesos de reforma política de Venezuela y Ecuador. Se reinventó el sistema de equilibrio clásico de tres poderes y se adicionó un órgano ciudadano y participativo de control social con rango de poder estatal. Esta institución –que no es ni ciudadana, ni participativa– posibilita el nombramiento de las más altas autoridades del estado a través de unas instancias denominadas como comisiones ciudadanas de selección.

3. Comparativamente entre el sistema anterior de selección y el actual aun no se sabe cuál es el mejor. Digo esto porque la selección era política y no técnica; no se elegía a las autoridades en función de sus méritos sino por sus vínculos con los partidos políticos. Hoy es casi lo mismo. Aquí no se puede citar uno por uno, pero el balance demuestra que 5 de los 7 consejeros del poder de participación transitorio estaban vinculados directamente con el gobierno actual, y 6 de 7 en el definitivo. Estos se encargan de escoger los integrantes de las comisiones ciudadanas selectoras de autoridades y la sorpresa es que los aspirantes mejor puntuados para ocupar el cargo de Fiscal de la Nación estuvieron directamente relacionados con el gobierno y lo mismo sucede con el actual concurso de selección de vocales al Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto demuestra que muy poco ha cambiado en términos de transparencia en la selección de delegados –entre comillas– ciudadanos a las instancias más altas del poder estatal.

4. E inclusive los dos consejeros que denuncian las inconsistencias del concurso de vocales para el CNE (David Rosero y Andrea Rivera) fueron elegidos de las filas del MPD, partido político cuyos asambleístas y cercanos en ese momento votaban con el partido de gobierno. Algo aquí no coincide. Las lógicas corporativas se mantienen intactas porque los partidos políticos siguen dominando la escena de la selección, los concursos todavía responden a sectores de interés no ciudadanos, el poder institucional todavía busca absorber estos espacios de participación ciudadana, a costa de privilegiar a los aspirantes por sus vínculos políticos en lugar de sus méritos. Entonces se inventan concursos para maquillar de ciudadano y participativo lo que no lo es. La partidocracia sigue con vida. La novedosa fórmula de la participación ha cambiado todo para seguir igual.

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Los resultados del 30s en Ecuador

Fuente: Hidalgo Andrade, Gabriel. "Resultados del 30S", en: Diario La Hora, Ecuador, 2011-X-02

El 30 de septiembre de 2010 (30s), hace exactamente un año, las protestas sobre estímulos profesionales y condecoraciones se convirtieron en un intento de golpe de estado en las inmediaciones del regimiento policial Quito Nro. 1. En esta opinión evaluaré los resultados de la insubordinación para la democracia:

1. El 30s no representa un triunfo para nadie. Al contrario de lo que se creería se trata de un retroceso en términos de consolidación democrática institucional. La emergencia de un nuevo sector relacionado con el aparato represivo del estado suma un nuevo actor de potencial riesgo a la estabilidad democrática en un país como Ecuador que ha estado sometido por las FF.AA a los sacudones del tablero político nacional como jugadores con capacidad de vetar las acciones de los gobiernos elegidos democráticamente.

2. El presidente Correa asegura que asistió al regimiento policial para disuadir las escaramuzas por su vocación en democracia directa. Es todo lo contrario. Los canales de democracia directa también se debilitaron como consecuencia del tratamiento de los conflictos únicamente con la presencia del presidente. Esto disminuye la importancia en las cadenas de mando político y atribuye al presidente una función insustituible. El ejercicio de la delegación cae en desuso y el líder pasa a cumplir tareas que bien pueden ser desempeñadas por sus subalternos. ¿Cómo se contaría la historia si un ministro hubiera dirigido las negociaciones en el regimiento policial?

3. La idea de democracia directa se diluye en una democracia personalista que se legitima en las urnas con justificaciones plebiscitarias. Por la vía del personalismo se desestimula la militancia partidista porque es suficiente con sentirse identificado con el líder. Sin partidos, ni controles institucionales el oficialismo puede soñar con la posibilidad del partido único.

4. El parlamento antes y después del 30s, es y sigue siendo lo mismo: un espacio debilitado por el predominio del ejecutivo. E inclusive recuérdese que la objeción presidencial a la Ley de servicio público fue el motivo de la insubordinación policial. La Asamblea aceptó la propuesta de la Fuerza Pública y el presidente se opuso. Luego se generó la violencia. Por eso se entiende que la asamblea sea interpretada como un espacio ajeno al consenso y a la estabilidad democrática porque sirve solo como instrumento para introducir a cualquier costo las reformas del programa de gobierno. Sin este ventilador de los conflictos políticos, los conflictos solo cambian de lugar de detonación.

5. Es insostenible culpar de la violencia del 30S al presidente. Lo que sí se puede decir es que él tiene la responsabilidad de calmar los ánimos de la política. Él ha personificado los valores de la “revolución” y tiene la habilidad de encarnar las condiciones del mesías esperado por el pueblo para su “purificación salvífica”.

El 30s se visibilizó la centralización en la figura del presidente del motor de negociación política, toma de las decisiones más sensibles en materia pública y generación de la agenda parlamentaria con un poder de veto extraordinario. Con tanto poder en una persona es predecible que los sectores desplazados reaccionen con violencia, espectacularicen el conflicto político y hasta judicialicen el periodismo y la política. Y mientras tanto, los familiares de los que sí murieron todavía lloran sus ausencias. Los oficialistas, mejor bailan y se arman una fiesta por un “triunfo” de nadie.

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El 30-s no es un triunfó para nadie

Las imágenes del 30 de septiembre de 2010 (30-s) traen al recuerdo momentos trágicos para el Ecuador. La muerte de 5 personas y las lesiones en 275 son cifras marginales de un debate que se escribe sobre otras interrogantes. En esta opinión recuperaré estos temas que no están incluidos en la agenda periodística dominante:

1. Todas las investigaciones, esfuerzos y debate judicial y periodístico del último año giraron en torno de una manoseada libertad de expresión y en una contienda entre el presidente y el diario El Universo. Nada más. El saldo del 30-s es la judicialización del periodismo y de la política. La estrategia entre los contendientes políticos ha consistido en rivalizar permanentemente sobre las personas y no sobre sus ideas. Esto da como resultado a un presidente Correa hablando todo el tiempo sobre “su” honra y un grupo de medios publicando sobre “su” libertad en riesgo. Absurdo. Nos meten en una pelea que no es nuestra y nos ponen a discutir sobre tonterías, mientras los responsables de los que sí murieron se pasean tranquilamente por donde quieren.

2. El debate parece agotarse con la aceptación obediente de los argumentos impuestos externamente. He sido y soy crítico de la acciones del gobierno, pero creo que sí hubo un intento de golpe de estado y sí hubo la intención de matar al presidente. Sin embargo, en la afirmación o en la negación de esta hipótesis no se agota toda la problemática. Detrás de las protestas salariales hubo un proceso desestabilizatorio que interrumpió el funcionamiento del poder legislativo, que secuestró al presidente en términos de su libre movilidad, que disparó en contra de manifestantes y rescatistas, que cerró el aeropuerto de Quito, y que intentó tomarse los pozos petroleros ¿Eso no es un intento de golpe de estado? Lo que importa es a qué puede deberse esto.

3. Todo gobierno electivo en Ecuador se enfrenta a los grupos de interés que se resisten a la pérdida de sus privilegios corporativistas. Para esto el MPAIS ha creado un marco constitucional de sesión y negociación de prebendas con otros actores políticos, la posibilidad de construcción de un poder presidencial como motor único de negociación política, de toma las decisiones más sensibles en materia pública y de generación de una agenda parlamentaria con un poder de veto extraordinario. Ese es el entorno problemático del 30-s: un presidente omnímodo cuya ausencia temporal atemorizó tanto a sus ministros que salieron corriendo, un liderazgo que busca la forma de gobernar sin partidos y sin controles en el parlamento, y un mandatario desencajado que no puede controlarse. ¿Cómo puede el MPAIS seguirse sintiendo víctima de los hechos?

4. La dinámica del poder aliancista busca la sustitución de una corporación por otra corporación. El cambiar todo para estar igual. Sí, el debate no son las carreteras o los hospitales, sino un modelo de estado cada vez más intolerante, con más herramientas para disolver los poderes, para gobernar a solas, para intervenir en la justicia, para penetrar en el vocabulario cotidiano por un invasiva presencia propagandística en los medios públicos.

Las secuelas del 30-s desvelan una democracia sitiada, que todavía depende de los órganos represivos del estado para sostenerse; una democracia de minorías que no es participativa ni directa, sino altamente personalista; y una institucionalidad política débil que no garantiza condiciones mínimas de consenso político, de solidez democrática ni de recuperación democrática. Bajo este esquema inventado por el propio MPAIS que prescinde del consenso democrático será difícil evitar nuevos 30-s.

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