sábado, 19 de febrero de 2011

Las manos en la Justicia

Fuente: Hidalgo Andrade, Gabriel. "Las manos en la Justicia", en: Diario La Hora, Ecuador, 2011-II-13.

No es ninguna novedad. Febres-Cordero cercó con tanques militares la Corte Suprema para “defender la democracia”; Gutiérrez derrocó al máximo organismo del poder judicial y lo sustituyó con magistrados funcionales a sus intereses, lo que terminó por ser una antesala de su propia deposición. Las Cortes febrescorderistas, borjistas, gutierristas fueron la constante de las últimas décadas. Hoy nos vemos enfrentados a problematizar la utilidad de una Corte correista:

1. Imitando al gobierno de Gutiérrez, en el actual gobierno, la Asamblea Constituyente depuso a la Corte Suprema de Justicia en funciones por la vía del mecanismo del sorteo de magistrados. Con el pretexto de reducir el número de jueces de 31 a 21, el asambleísta oficialista más interesado y mentor del golpe, César Rodríguez, con el apoyo del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, hizo lo que Alberto Acosta impidió en su presidencia de la constituyente. Acosta se fue y lo hicieron de todas formas. El golpe empujaba a los magistrados a renunciar. Pocos se quedaron en sus funciones y las demás magistraturas fueron llenadas por suplentes, conjueces y amigos de gallada.

2. La anunciada restructuración oficialista de las cortes de justicia sería el segundo golpe a una misma función en el mismo gobierno. Significaría también desconocer la autoridad constitucional de los poderes de participación ciudadana y del consejo nacional electoral, de organizar y auditar los concursos públicos de selección de magistrados, y la independencia del poder judicial. La propuesta oficialista de la consulta sustituye a los tres poderes de un solo golpe por la vía de la omnipresencia del ejecutivo.

3. Este es el gobierno que más ha manoseado a las instituciones estatales. Existe evidencia empírica de que los últimos concursos para llenar las vacantes de la función pública habrían sido condicionados por precios y regalos. La propuesta se dirige a convertir a los ganadores de esos nombramientos en funcionarios contratados ocasionalmente, declarar la vacante de esos puestos y convocar nuevamente a concursos públicos.

Todos los gobiernos han metido las manos en las justicia con el resultado de politizarla y de poner precio a las sentencias, a los concursos y la conciencia de los actuarios. Este gobierno ya tiene las manos metidas en la justicia para acusar de terrorismo a todo actor político de oposición. Lo que debería consultársenos es si aprobamos una cláusula que prohíba a todo gobierno “meter las manos en la justicia”, pero eso ya está reconocido en las todas las constituciones de los países que si son democráticos. La nuestra también lo dice, pero en el referendo se busca desconocer este principio. A donde vamos, carajo.

gahidalgo@flacso.org.ec


Disponible en: http://ec.globedia.com/las-manos-en-la-justicia o también en http://www.lahora.com.ec/noticias/show/1101094359

Lee todas mis opiniones en http://ec.globedia.com/perfil/gabriel-hidalgo-andrade/

Un abrazo. Gabriel

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viernes, 11 de febrero de 2011

Las “political questions” y la reforma judicial

Hidalgo Andrade, Gabriel. ‘Las “political cuestions” y la reforma judicial’, en: Diario La Hora, Ecuador, 2011-02-06.

El tratamiento de la reforma judicial es algo político y jurídico. No se trata solamente de pregonar el discurso moralizante articulado por el oficialismo. También se deben observar las justificaciones y las potencialidades de una reforma de la naturaleza que se propone. Personalmente opino lo siguiente:

1. Observe la estructura judicial de la actual Constitución ecuatoriana. El Estado se organiza como Constitucional de Derechos y Justicia, lo que significa para sus ideólogos es que se trata de una versión corregida y aumentada del Estado Liberla de Derecho el que organizaba la estructura del poder político en la ley. Para nuestro caso, son los derechos de los individuos, colectivos, pueblos y nacionalidades los que subyugan al Estado. El Estado legal es desplazado por el Estado Constitucional.

2. Los jueces son los garantes de este Estado protector de los derechos. De esta manera los magistrados y jueces gozan de una peculiar envestidura nunca antes vista en nuestro derecho para interpretar al Estado, a sus componentes, formas, procedimientos y manifestaciones desde la lógica de los derechos constitucionales. Interpretarán al ejercicio de los derechos a partir de los instrumentos vigentes como no vigentes en función de derivación a lo más favorable a la dignidad del ser humano [CPE: 2008, Art. 11.7]. Lo triste es que no lo han notado todavía.

3. Este principio y prerrogativa interpretativa de la Constitución permite al juez ordinario, especial y nacional entrar a conocer materias que la jurisprudencia anglosajona ha llamado como political questions o cuestiones políticas, que son las que (después de ser juzgadas en derecho) entran a regular directamente asuntos de la administración pública como el manejo de presupuestos, asignación de recursos y obras, planificación de infraestructura, política salarial, etc.

4. La intervención en las cortes no es nueva. El presidente Roosevelt, reelegido en 1936, intervino en la función judicial norteamericana y la reestructuró poniendo jueces afines. Los magistrados partidarios al programa oficialista bombardearon la escena política con sentencias que vehiculizaron una política de intervención del Estado en la economía y aislaron al parlamento. En la experiencia estadounidense la penetración del ejecutivo en el judicial permitió el apaleamiento de la crisis producida por la gran depresión de los años 30, pero redujo grandemente la autonomía de la función judicial.

5. La intención del oficialismo ecuatoriano es la misma: anular al parlamento. Antes del 30 de septiembre se amenazaba con disolver al Parlamento y llamar a nuevas elecciones (cfr. Muerte cruzada). La jugada es disponer del tiempo suficiente para legislar por vía ejecutiva hasta recomponer el nuevo Congreso, solo después se convoca a elecciones presidenciales. Ahora se cambió de estrategia: invalidar a la Asamblea y deslegitimarla, vehiculizar el procesamiento político por la vía judicial y gobernar directamente con el pueblo, que es lo que muchos quieren. Lo problemático es que esto genera vínculos clientelares y preferencias populistas entre los “amigos de los amigos” y no prioriza las reales necesidades de los sectores marginales cada vez más desplazados.

gahidalgo@flacso.org.ec


Disponible en: http://ec.globedia.com/political-questions-reforma-judicial

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Un abrazo. Gabriel

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