No es ninguna novedad. Febres-Cordero cercó con tanques militares la Corte Suprema para “defender la democracia”; Gutiérrez derrocó al máximo organismo del poder judicial y lo sustituyó con magistrados funcionales a sus intereses, lo que terminó por ser una antesala de su propia deposición. Las Cortes febrescorderistas, borjistas, gutierristas fueron la constante de las últimas décadas. Hoy nos vemos enfrentados a problematizar la utilidad de una Corte correista:
1. Imitando al gobierno de Gutiérrez, en el actual gobierno, la Asamblea Constituyente depuso a la Corte Suprema de Justicia en funciones por la vía del mecanismo del sorteo de magistrados. Con el pretexto de reducir el número de jueces de 31 a 21, el asambleísta oficialista más interesado y mentor del golpe, César Rodríguez, con el apoyo del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, hizo lo que Alberto Acosta impidió en su presidencia de la constituyente. Acosta se fue y lo hicieron de todas formas. El golpe empujaba a los magistrados a renunciar. Pocos se quedaron en sus funciones y las demás magistraturas fueron llenadas por suplentes, conjueces y amigos de gallada.
2. La anunciada restructuración oficialista de las cortes de justicia sería el segundo golpe a una misma función en el mismo gobierno. Significaría también desconocer la autoridad constitucional de los poderes de participación ciudadana y del consejo nacional electoral, de organizar y auditar los concursos públicos de selección de magistrados, y la independencia del poder judicial. La propuesta oficialista de la consulta sustituye a los tres poderes de un solo golpe por la vía de la omnipresencia del ejecutivo.3. Este es el gobierno que más ha manoseado a las instituciones estatales. Existe evidencia empírica de que los últimos concursos para llenar las vacantes de la función pública habrían sido condicionados por precios y regalos. La propuesta se dirige a convertir a los ganadores de esos nombramientos en funcionarios contratados ocasionalmente, declarar la vacante de esos puestos y convocar nuevamente a concursos públicos.
Todos los gobiernos han metido las manos en las justicia con el resultado de politizarla y de poner precio a las sentencias, a los concursos y la conciencia de los actuarios. Este gobierno ya tiene las manos metidas en la justicia para acusar de terrorismo a todo actor político de oposición. Lo que debería consultársenos es si aprobamos una cláusula que prohíba a todo gobierno “meter las manos en la justicia”, pero eso ya está reconocido en las todas las constituciones de los países que si son democráticos. La nuestra también lo dice, pero en el referendo se busca desconocer este principio. A donde vamos, carajo.
gahidalgo@flacso.org.ec
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Un abrazo. Gabriel
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