sábado, 21 de julio de 2007

Los monopolios: inconveniencias y excepciones

Se sabe del empeño del actual gobierno de derogar los derechos fundamentales de los individuos y remplazarlos por los derechos sociales. Se logra esta inferencia después de presumir sobre los argumentos que previsiblemente inspiraron la propuesta que presentaría el gobierno para la venidera reforma política sobre la regulación de los monopolios. Debo prevenir al amable radioescucha que hablamos de un monopolio cuando referimos sobre un empresa que vende un producto que no tiene sustitutivos cercanos, lo que dicho en términos más sencillos significa que se trata de una empresa que tiene la venta exclusiva de un producto porque otras empresas no pueden entrar a competir con la primera. En ese sentido podemos decir que existen monopolios públicos y monopolios privados. Sectores más reaccionarios se han manifestado en contra de toda forma de monopolizar servicios y proveeduría de bienes, pero lo han hecho de modo inconsecuente e incongruente con su discurso. Las reacciones en contra del TLC, por ejemplo, exigían la eliminación de los monopolios privados, pero no de los monopolios públicos que resultan más perjudiciales y molestos. ¿Acaso el monopolio público ejercido por el IESS sobre la seguridad social es bueno? ¿Acaso instituciones como esta, a la que se aporta obligatoriamente casi un cuarto de la remuneración del trabajador, no son torpes e ineficientes? ¿Le parece a usted que el sindicalismo no ha privatizado los servicios públicos? Se sabe que un monopolio es concedido a la empresa privada sólo por ley o decreto del poder público, y que el Gobierno actual quiere eliminar todo monopolio privado. Parece, sin embargo, conveniente rescatar la intención de eliminar los monopolios privados creados por el mismo Estado, como las Notarias y Registradurias de la Propiedad, cuya actividad no puede considerarse motivo de enriquecimiento particular sobre una tarea que es eminentemente pública. Por otro lado los derechos sobre la propiedad intelectual y el registro de marcas y patentes que son monopolios de sus autores no pueden perder amparo estatal con el pretexto febril de eliminar todo monopolio, pues eso significaría un descenso importante en el nivel de la producción de investigaciones científicas, obras artísticas y literarias que verían desestimada su actividad y optarían por otra. Dentro de todo esto resulta muy ingenuo y hasta absurdo repetir el discursito ese del modelo neoliberal en nuestro país, mientras vemos la intervención abusiva de un Estado que se nos mete hasta en la sopa. La electricidad, las telecomunicaciones, la salud, la educación, el petróleo, la seguridad social, el gas, y un largísimo etcétera, son monopolios estatales que no han funcionado nada bien. Entonces, ¿queremos transplantar esa ineficiencia a la dinámica de la vida privada y volverla torpe con el pretexto de estatizar toda actividad particular?

Gabriel Hidalgo Andrade
Analista de opinión,
Publicación realizada en el programa radial Opinión Ciudadana,
Ecuador, 21 de julio de 2007

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