Descentralizar y autonomizar el Estado

Con la curiosa decisión del Gobierno central de inaugurar una cartera de Estado para asuntos de la región Costa en Guayaquil, es necesario que se discuta cuanto antes sobre este tema. Importa entonces a los argumentos descentralizacionistas y autonomistas la existencia de un Ministerio dependiente de la administración central que se encuentre fuera de su sede. Empecemos conviniendo en que la descentralización es diferente de las autonomías. La primera supone, pues, transferir el poder de un gobierno central a autoridades no jerárquicamente subordinadas. Este poder jurisdiccional delega la capacidad de gobernar y de administrar los recursos que, antes de esta delegación administrativa, estaban dirigidos por el poder central. Por su parte, la autonomía es una entidad territorial que, dentro del ordenamiento constitucional, está dotada de autonomía legislativa y competencias ejecutivas, así como de la facultad de administrarse mediante sus propios representantes. La diferencia esta clara. La primera supone recursos y atribuciones solamente; la segunda territorio y competencias especiales, pero no independencia constitucional. Sin embargo debemos convenir en que ambas contienen el interés de una administración pública menos centralista y más cercana al ciudadano, asunto que parece saludable al bien común. Digo esto porque en los anales de la historia se registra que los Estados febrilmente centralizadores han derivado en formas totalitarias de gobierno y en dictaduras. Esto se puede explicar por la exagerada acumulación de poder en la que el gobernante no puede cumplir con su rol de administrador y ejecutor, se entromete en las funciones del legislador y hasta del juzgador, las entorpece; esto provoca corrupción y clientelismo, y finalmente el modelo fracasa como el colapso vivido antes de la caída del muro del Berlín en 1989. Entonces podemos concluir que los Estados “entrometidos” son torpes y funcionan mal. Producto de ello es la insoportable descomposición en la que vivimos aun hoy. Se sabe que nadie, por más hábil que sea, puede hacer todo por todos. Por eso la urgencia de fundar un Estado más dinámico y eficaz que no tolere la impunidad y la deshonestidad; que sea participativo y pluralista, pues las actuales corrientes ciudadanas exigen mayor intervención en las decisiones gubernamentales, y una disminución dramática de las potestades y atribuciones del gobierno, que como vimos, siempre son mal usadas. Es decir, lo que resulta más conveniente es disminuir el Estado y con este el tamaño del “botín político” que administraba el burócrata, y darle a este funciones elementales que le prohíban comportamientos desleales. Lo que dicho en otros términos significa un Estado mínimo. Lo hemos dicho siempre: es necesario disminuir el tamaño del Estado, para agradar el tamaño del país en educación, salud y trabajo. Creemos que fundar nuevas formas de burocratismo agranda un Estado que tradicionalmente ha funcionado mal. No sólo que genera nuevos empleos públicos que, parasitariamente, son pagados por todos los ecuatorianos, sino que llevar una sucursal del Gobierno a la Costa (como si no hubiese gobernaciones provinciales), y entrometerse en los asuntos de los Municipios locales, fastidia e impide trabajar. No faltará quien quiera 21 nuevos Ministerios para las provincias faltantes. Los demagogos y milagreros ya están proponiendo la creación del un Ministerio de la Lojanidad, cuando lo que necesitamos nosotros es embarcarnos en el desarrollo regional que prodiga un proceso serio y solidario de descentralización y autonomías que es lo contrario a este proceder curioso e inadecuado. Despidámonos, pues, como buenos bolivarianos recordando lo que el Libertador anticipaba con aguda habilidad profética: “Huid del país donde uno sólo pretende acumular todos los poderes; ese es un país de esclavos”.