1. Todo este desorden terminológico nace de los resultados del plan de pagar recompensas por los delincuentes más buscados. Estos van apareciendo uno por uno seguramente delatados por sus colegas. Una de las bandas con especial interés para el gobierno es la denominada como “los choneros” de Manabí. Para lograr la captura de todos los integrantes de la banda el presidente Correa ha manifestado en varias ocasiones que se puede lograr la amnistía de los que se entreguen voluntariamente.
2. Con culpa o sin ella, el presidente Correa estaba mintiendo. Es imposible que se pueda ofrecer la amnistía para estos casos. Tal vez se refería al indulto, pero ni este es posible ofrecer. La diferencia entre amnistía e indulto consiste en que la primera se concede a individuos perseguidos por delitos políticos y bajo un procedimiento no judicial. Generalmente en estos casos la determinación de responsabilidades esta atribuida por la vía política, es decir por el órgano de procesamiento político de los Estados que son los Parlamentos. El indulto, por el contrario, se concede solamente por razones humanitarias a quienes estén padeciendo –por ejemplo– una enfermedad terminal y mientras se encuentran pagando una condena judicialmente declarada, lo que significa que debieron ser acusados, procesados y sentenciados por la vía de un juicio público con capacidad de imputación delictual y descargo de pruebas a favor del acusado.3. Estas desafortunadas declaraciones generan un estado grave de confusión. En lugar de corregirse el presidente Correa se justifica como mal académico. Creo que debería decir: “me equivoqué, yo quise decir otra cosa”. Pero no lo hizo. Lo cierto es que él, por sí solo, no puede ofrecer una amnistía a nadie. Lo puede hacer solamente la Asamblea, después de un debate acusatorio y de otro absolutorio al interior del pleno legislativo y en diferentes momentos. Tampoco puede indultar a nadie. Para poder hacerlo tiene que ser juez y parte. Sin embargo, siendo honestos eso es enteramente posible después de absorber las Cortes de justicia. Aun así, en principio, tiene que gozar de la capacidad de acusar, de dictar sentencia y de hacer que la sentencia se practique; y él no tiene esas atribuciones por popular o querido que sea.
Esta anarquía terminológica produce graves fallos a la democracia. Sí, la confusión atenta al derecho humano de la seguridad jurídica. El presidente de una República no es cualquier persona, y no puede andar ofreciendo lo que se antoja. Bajo un esquema como éste la sociedad no sabe a qué someterse ni qué debe o puede cumplir: si lo que dice el presidente, si lo que dicen los jueces, si lo que dicen las leyes. Este grave error también produce una fuerte incoherencia discursiva. Para evitarlo el presidente Correa debió aceptar su error. Pero no, después se corrigió diciendo que se va a perdonar a los delincuentes en función de la gravedad de sus delitos. Repito: el presidente no tiene capacidad de perdonar delitos a nadie por sus acciones, ni leves ni graves. Esta flacidez argumental debilita también otras posiciones en materia política y jurídica, como por ejemplo su particular interpretación de los derechos humanos, pero ese es tema de otra opinión.
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